Un tribunal de Gabes, costa este de Túnez, aplazó este jueves, por séptima vez, el veredicto sobre la suspensión de labores en un complejo químico contaminante en la localidad, a la espera de su cierre definitivo, como pide la acusación, tras causar daños respiratorios a más de un millar de personas, y lo reprogramó para el 12 de febrero, informó la ONG Stop Pollution.
Desde el pasado octubre, el fallo se postergó en siete ocasiones, pese a tratarse de un caso calificado como "urgente", debido a los problemas de salud que las factorías del complejo han ocasionado a la población desde principios de septiembre, por el incremento de fugas de gases contaminantes.
Este nuevo aplazamiento se produjo, según declaraciones del jefe de la oficina regional de abogados de Gabes, Munir al Adouni, a la radio local Mosaique, para "la deliberación y posterior pronunciamiento del veredicto".
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Ante esta decisión, decenas de ciudadanos protestaron frente a la sede judicial, donde insistieron en la urgencia de desmantelar las factorías -dedicadas, fundamentalmente, a la industria del fosfato-, al considerar que su continuidad supone "un alto riesgo para la salud respiratoria".
Cuando se emita el veredicto, si resulta favorable a la acusación, las unidades de producción deberán paralizar las labores de inmediato, a la espera de una resolución posterior para su desmantelamiento definitivo.
Los reclamos populares, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos tres meses, con manifestaciones multitudinarias y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.
Por el momento, el Gobierno de Kais Said no planteó públicamente la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que propuso reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros) para poner fin a las emisiones de gases tóxicos y que las factorías continúen la producción.
Además, el Ejecutivo nombró a un comité de "expertos" para evaluar distintas opciones que "resuelvan" el problema y sean "satisfactorias" para todas las partes.
El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas" y acentuados desde el pasado septiembre.
El planteamiento del gremio sanitario fue respaldado por más de medio centenar organizaciones y asociaciones de todo el país, así como de sindicatos y empresas de la zona afectada.
