El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala intentó de nuevo el pasado viernes derribar el triunfo del presidente electo, el académico Bernardo Arévalo de León, con nuevas acusaciones en su contra y también sobre el Tribunal Supremo Electoral.
Estas son las claves para entender el "intento de golpe de Estado", como lo ha denominado la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala, donde Arévalo de León debe que ser investido el próximo 14 de enero de acuerdo con la ley.
La persecución de la Fiscalía
Desde julio, tras el sorpresivo segundo lugar de Arévalo de León, la Fiscalía ha intentado con varios casos penales revertir el triunfo de Arévalo de León y ante sus pocos avances por dicho tramo, también ha emprendido una batalla penal en contra del Tribunal Supremo Electoral.
De acuerdo con expertos y analistas, ello obedece a que una investidura de Arévalo de León el 14 de enero sería el inicio de un régimen anticorrupción, que a su vez llevaría ante la Justicia por sobornos a docenas de funcionarios, exfuncionarios, empresarios, ministros, militares, diputados y expresidentes, además de la cúpula de la misma Fiscalía.
El desmoronado Tribunal Electoral
Pese a los intentos de la Fiscalía por anular las elecciones este viernes, el Tribunal Supremo Electoral indicó en rueda de prensa que los resultados de los comicios están sellados y acreditados.
Sin embargo, el Tribunal se encuentra desmoronado, ya que cuatro de sus magistrados titulares salieron del país ante la persecución de la Fiscalía. Incluso, la misma presidenta del Tribunal, Blanca Alfaro, dijo que una resolución del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, sí tiene facultad para anular los comicios.
La Corte de Constitucionalidad
El máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tendrá por tanto la última decisión al respecto de los comicios y una anulación de los mismos no tendría antecedentes desde la implantación de la democracia en 1986. Hasta el momento, los magistrados no se han pronunciado.
La Corte está compuesta por magistrados en su mayoría afines al presidente actual, Alejandro Giammattei, y a sus aliados en el Congreso.
El entorno de Giammattei
El pasado 1 de diciembre, Estados Unidos sancionó con la "Ley Magnitsky" al exfuncionario del actual Gobierno Miguel Martínez Morales, al que acusó de millonarios casos de corrupción y otros supuestos delitos. La sanción fue divulgada justo después de que el Congreso removiera su inmunidad a los magistrados electorales.
Según afirmó recientemente el diputado de oposición y primer legislador abiertamente homosexual en la historia de Guatemala, Aldo Dávila, Martínez Morales sería la pareja sentimental de Giammattei.
Al respecto, consultado por la prensa local, Martínez Morales dijo que "ustedes mismos lo dicen", sin más comentarios al respecto.
La presión de Estados Unidos y la OEA
En los últimos 45 días, tres delegaciones de Estados Unidos han llegado al país centroamericano para reunirse con autoridades locales y verificar el proceso de transición electoral.
A ello se suma un grupo de senadores y legisladores que arribaron este viernes a Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía rechazó este viernes cualquier tipo de injerencia internacional y todo apunta a que están dispuestos a mantener el pulso por revertir los resultados electorales.
