El Gobierno de Puerto Rico anunció una nueva inyección de $42.6 millones en fondos federales destinados a continuar el proceso de identificación, planificación y reemplazo de líneas de servicio de plomo en los sistemas de agua potable del país.
La asignación proviene de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y forma parte de un esfuerzo federal más amplio para acelerar la eliminación de infraestructura que aún representa riesgos de exposición al plomo.
De acuerdo con información provista por La Fortaleza, la nueva asignación incluye $28.6 millones otorgados directamente por la EPA y otros $14 millones reasignados de fondos no utilizados por otras jurisdicciones bajo el Safe Drinking Water Act. Estos recursos forman parte de un anuncio federal de $3,000 millones, acompañado de una redistribución adicional de $1,100 millones.
La gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que la inversión permitirá avanzar en la modernización de la infraestructura de agua potable, un proyecto que ha sido señalado como prioritario para cumplir estándares federales y reducir riesgos a la salud.
La EPA, por su parte, destacó que la redistribución de fondos responde a una revisión de inventarios realizada por los estados y territorios. Ese proceso redujo la estimación nacional de líneas de servicio de plomo de nueve millones a cuatro millones, permitiendo dirigir los recursos hacia jurisdicciones con mayores necesidades verificadas.
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El administrador de la agencia, Lee Zeldin, indicó que las nuevas asignaciones buscan asegurar que el dinero “vaya directamente a reemplazar las tuberías de plomo que amenazan a nuestras comunidades”.
Además de los trabajos de reemplazo, los fondos podrán utilizarse para inventarios, planificación, diseño y otras tareas elegibles bajo el Programa Estatal Rotativo de Agua Potable (Drinking Water State Revolving Fund), que constituye la principal vía federal de financiamiento para estos proyectos.
La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Gabriella Boffelli, señaló que la asignación refleja esfuerzos de cabildeo y coordinación en Washington, y adelantó que la agencia trabajará con la EPA para procurar el uso ágil y transparente de los recursos.
Las autoridades locales no detallaron aún el calendario específico de los proyectos, pero reiteraron que continuarán priorizando las áreas donde aún se sospecha la presencia de tuberías de plomo o donde se han identificado mayores riesgos de exposición.
