Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional, una fecha proclamada para recordar la adopción del Estatuto de Roma en 1998, tratado que marcó un antes y un después en la historia legal contemporánea. Ese documento fundó la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente con jurisdicción para juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La creación de la CPI fue una respuesta histórica a la impunidad con la que por décadas se cometieron atrocidades en distintos rincones del mundo.
Antes del Estatuto de Roma, solo existían tribunales ad hoc creados para juzgar casos específicos, como los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. La CPI estableció un marco legal con alcance universal, donde ninguna persona, sin importar su rango político o militar, puede estar por encima de la ley. Esta fecha busca promover el fortalecimiento de los sistemas judiciales, alentar la cooperación entre países y recordar que la justicia es una herramienta para preservar la paz.
La justicia internacional no solo se enfoca en castigar a los culpables. Su función es mucho más amplia. Busca prevenir abusos, proteger a las víctimas y restituir el orden social. Este enfoque restaurativo considera que todo delito de gran escala afecta no solo a personas individuales, sino a comunidades completas. La justicia, por tanto, se convierte en un medio para sanar heridas colectivas y reconstruir la confianza en las instituciones.
En América Latina, la idea de justicia internacional ha ganado terreno, especialmente en casos donde los sistemas internos han fallado en proteger a los ciudadanos. En países marcados por dictaduras, conflictos armados o violaciones masivas de derechos humanos, la justicia internacional ha sido una esperanza para miles de víctimas. La región ha sido activa en la ratificación del Estatuto de Roma, y algunos países han colaborado con procesos abiertos en la CPI. Sin embargo, aún existen retos, como la falta de voluntad política o el debilitamiento de los marcos institucionales.
En el caso de la República Dominicana, el tema de la justicia sigue siendo un pilar en disputa.
Aunque el país ha dado pasos importantes para fortalecer su sistema judicial, como la elección de una Procuradora General independiente o las recientes investigaciones por casos de corrupción de alto perfil, persisten problemas estructurales.
Entre ellos, destacan la lentitud de los procesos judiciales, la escasa independencia de algunos jueces, la limitada cobertura de asistencia legal gratuita y las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a una defensa adecuada. Todo esto afecta directamente la percepción de justicia por parte de la población.
Uno de los grandes desafíos para la República Dominicana ha sido combatir la impunidad. A pesar de las leyes existentes, muchas víctimas de violencia de género, abuso infantil, crímenes económicos o negligencias del Estado no logran justicia. El sistema penal está saturado, los recursos son limitados y muchas veces los procedimientos se extienden por años sin resolución.
En zonas rurales o vulnerables, la situación se agrava aún más. Por eso, esta fecha también debe servir para reflexionar sobre la necesidad de transformar la justicia local, garantizando que sea efectiva, accesible, rápida y centrada en la dignidad humana.
El Día Mundial de la Justicia Internacional también pone en el centro a las víctimas. Muchas veces son olvidadas o revictimizadas en los procesos. Esta jornada es un llamado a poner sus voces al frente, a escuchar sus testimonios y a reparar el daño sufrido. La justicia no puede centrarse solo en los castigos. También debe ofrecer mecanismos de reparación, garantías de no repetición y espacios de verdad. En muchos países, los testimonios de las víctimas han sido clave para documentar crímenes, impulsar reformas o llevar a los responsables ante los tribunales.
Además, esta fecha promueve la cooperación internacional. Ningún Estado puede enfrentar por sí solo los retos del crimen organizado, el narcotráfico transnacional, la trata de personas o la corrupción de alto nivel. Solo con la colaboración entre gobiernos, organismos multilaterales, sociedad civil y el poder judicial es posible construir un marco legal sólido, que actúe con independencia y tenga legitimidad. La justicia internacional no es un reemplazo de los sistemas locales, pero sí una herramienta que los refuerza y los impulsa a actuar con más responsabilidad.
En este contexto, es fundamental trabajar por la educación jurídica de la ciudadanía. Un pueblo informado conoce sus derechos y sabe cómo exigirlos. La formación en derechos humanos, justicia y democracia debe ser parte del sistema educativo y de las políticas públicas. Cuando las personas entienden el valor de la justicia, la defienden y se involucran activamente en su fortalecimiento. El Día Mundial de la Justicia Internacional también es una oportunidad para promover campañas de sensibilización y participación ciudadana.
La justicia internacional sigue enfrentando desafíos. Hay países que no han ratificado el Estatuto de Roma, otros que lo han hecho pero no cooperan. En algunos casos, los intereses políticos frenan las investigaciones o se cuestiona la imparcialidad del tribunal. Sin embargo, esta fecha recuerda que el avance no ha sido en vano. Hoy más que nunca, las víctimas tienen una voz, el mundo cuenta con instrumentos para actuar y el principio de que nadie está por encima de la ley sigue ganando terreno.
Conmemorar el 17 de julio es una forma de reafirmar el compromiso con la verdad, la equidad y la memoria histórica. Es una oportunidad para evaluar lo que se ha logrado y lo que aún falta por construir. La justicia no es solo una estructura legal, es también una forma de organizar la sociedad, de resolver los conflictos y de garantizar la convivencia. En tiempos de crisis, polarización o violencia, este día cobra aún más sentido. Porque sin justicia, no hay paz duradera. Y sin verdad, no hay justicia posible.
