Santo Domingo.-La 31ª Bienal Nacional de Artes Visuales quedó oficialmente sin premiados, luego de que los integrantes del Jurado de Premiación decidieran dejar sin efecto su veredicto en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de anular uno de los galardones otorgados, amparándose en una interpretación del concepto “material perecedero” que el jurado calificó como improcedente y carente de rigor técnico.
En una carta dirigida al ministro Roberto Ángel Salcedo, el jurado expresó su “profundo pesar” por lo que consideran una “acepción conceptual equivocada” que invalida su labor técnica y desautoriza la totalidad de los premios y menciones de la Bienal.
“La medida vulnera los principios de transparencia, independencia técnica y debido proceso que deben regir toda convocatoria pública”, afirmaron.
Te puede interesar: http://Más de mil mujeres participaron en Invaluables 2025
El conflicto se originó tras la Resolución No. 18-2025 del Ministerio de Cultura, que reinterpretó el término “perecedero” utilizando la definición del diccionario de la Real Academia Española, “poco durable, que ha de perecer o acabarse”, en lugar de las acepciones reconocidas en el ámbito museográfico, legal y de conservación profesional. Según el jurado, esta definición “lingüística y no técnica” amplía arbitrariamente el concepto, al punto de incluir materiales como la madera, el papel o los pigmentos naturales, presentes en la mayoría de las obras contemporáneas.
El jurado también denunció falta de transparencia en el proceso de impugnación, alegando que no fueron notificados sobre el recurso jerárquico ni sobre la solicitud de intervención judicial contra el artista afectado. “La pluralidad de opiniones es parte del arte, pero no puede usarse como excusa para vulnerar la institucionalidad ni socavar la independencia de los cuerpos colegiados”, subrayaron.
Finalmente, los miembros del jurado advirtieron que esta decisión del Ministerio sienta un precedente grave para el ecosistema artístico nacional, al debilitar la confianza en las instituciones culturales y poner en riesgo la autonomía profesional de los expertos convocados por el Estado.
“La independencia técnica del jurado no es un privilegio, sino una garantía de que el arte siga siendo un espacio de libertad, pensamiento y crítica social”, concluye el comunicado.
