Santo Domingo.– La Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional establece una nueva contribución aplicable a las importaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP), uno de los combustibles de mayor consumo en los hogares dominicanos.
La disposición forma parte del paquete de medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para fortalecer los ingresos públicos y mejorar los mecanismos de control tributario.
La normativa crea la denominada Contribución del GLP, un tributo que deberá pagarse por cada tonelada métrica de Gas Licuado de Petróleo o de sus componentes, propano y butano, que ingresen al territorio nacional. La obligación tributaria se genera en el momento de la importación y la base imponible será la cantidad de combustible expresada en toneladas métricas.
De acuerdo con la ley, el monto de la contribución fue fijado en US$174.50 por cada tonelada métrica (TM) de GLP importada. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) será la entidad responsable de administrar y recaudar el tributo, mientras que los importadores deberán realizar la liquidación y el pago semanalmente, tomando como referencia las importaciones efectuadas durante la semana anterior.
La legislación también fortalece los mecanismos de supervisión sobre el combustible. Para ello, la Dirección General de Aduanas (DGA) tendrá la responsabilidad de verificar y controlar los volúmenes importados de GLP, propano y butano.
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Asimismo, tanto la DGA como la DGII podrán implementar sistemas de trazabilidad y controles tecnológicos que permitan dar seguimiento a los volúmenes importados y comercializados en el mercado nacional.
Como parte de este esquema de fiscalización, Aduanas deberá notificar a la DGII cada importación realizada, incluyendo información sobre el importador, el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), la Declaración Única Aduanera (DUA) y el volumen importado. Las autoridades sostienen que estas medidas permitirán fortalecer el control tributario sobre los combustibles, mejorar la transparencia en la comercialización del GLP y garantizar una recaudación más eficiente de los recursos contemplados en la nueva legislación.
