Un inversionista estadounidense puso en conocimiento del presidente Luis Abinader, mediante una carta pública, el bloqueo ilegal de terrenos privados y el desacato reiterado de sentencias judiciales por parte de funcionarios del Estado dominicano, quienes han frenado la ejecución de un proyecto turístico valorado en más de US$400 millones en Cabarete, Puerto Plata.
Se trata de Lance Lundberg, empresario con más de tres décadas de trayectoria en sectores como energía, tecnología, bienes raíces, salud y medios de comunicación, liderando compañías que hoy generan más de mil millones de dólares en ingresos anuales.
En su carta, Lundberg explica que en 2006 adquirió una propiedad de 137 mil metros cuadrados frente a la reconocida Playa Encuentro, la cual fue objeto de una invasión ilegal resuelta en todas las instancias judiciales, incluyendo un fallo firme de la Suprema Corte de Justicia en 2012 mediante la sentencia 534 del 22 de agosto del mismo año y la ratificación del Tribunal Constitucional en 2020.
El proyecto, diseñado con altos estándares ecológicos y enfocado en deportes acuáticos, contempla la creación de miles de empleos y el impulso internacional de Cabarete como destino de clase mundial.
Sin embargo, denuncia haber sufrido ocupaciones ilegales, y, desde 2021 la obstrucción del ejercicio de su derecho a la propiedad por parte de instituciones públicas. Esto incluye destrucción de su verja perimetral con apoyo militar, colocación de señalizaciones falsas dentro de su propiedad y la negativa de una institución gubernamental a entregar un permiso de construcción aprobado y pagado en abril de 2024.
Incluso, en noviembre de 2024 y mayo de 2025, el Tribunal Superior Administrativo ordenó a varios organismos respetar sus derechos de propiedad, pero las decisiones no han sido cumplidas.
El inversionista señaló que entre las instituciones que han estado en desacato se encuentran organismos del Gobierno central y entidades vinculadas a la gestión de tierras, medioambiente y desarrollo turístico, a las que el Tribunal Superior Administrativo ordenó, en reiteradas sentencias, respetar los derechos de propiedad, retirar señalizaciones ilegales y abstenerse de ingresar a la propiedad sin autorización.
Según Lundberg, la persistencia de estas entidades en incumplir fallos judiciales firmes constituye un precedente alarmante para el Estado de Derecho y envía una señal negativa a la comunidad inversionista internacional.
“Aún creemos que la República Dominicana es un país de oportunidades, donde la ley se respeta, la inversión se honra y la verdad prevalece”, agrega Lundberg, egresado de Harvard Business School y de la Universidad de Yale, y quien ha sido además un activo colaborador de organizaciones médicas y sociales en los Estados Unidos.
Con esta carta pública, presentada como vía alternativa, busca la intervención directa del presidente Abinader tras agotar las gestiones privadas con autoridades y depositar la documentación del caso en el Ministerio de la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
