El Gobierno dominicano busca regular la industria de cruceros y, al mismo tiempo, blindar el sistema financiero, con la emisión de la Resolución Núm. 164-2026, la cual además fija tasas de entrada al mercado que oscilan entre RD$1,000,000 y RD$1,500,000, dependiendo de la capacidad del crucero.
La disposición establece por primera vez un marco claro para la operación de casinos a bordo de embarcaciones que arriban o navegan en aguas nacionales.
La medida, emitida por el Ministerio de Hacienda y Economía, introduce un esquema regulatorio que combina incentivos económicos con estrictos controles, en un contexto donde el turismo de cruceros se consolida como uno de los motores clave del crecimiento económico del país.
Además, se establecen pagos anuales que pueden alcanzar los RD$800,000 según el volumen de mesas de juego operadas.
Este esquema no solo representa una nueva fuente de ingresos fiscales, sino que también formaliza una actividad que, hasta ahora, operaba sin un marco específico en el ámbito marítimo.
A esto se suma una fianza obligatoria de RD$20 millones, destinada a garantizar el cumplimiento de pagos, multas y premios a los jugadores, lo que refuerza la seguridad jurídica del sector.
El Gobierno justifica la medida en el crecimiento sostenido de la industria de cruceros en la República Dominicana, considerada ya como una actividad “crucial para el desarrollo nacional”.
Con esta regulación, las autoridades buscan capitalizar la posición geográfica del país y convertirla en una ventaja competitiva dentro del Caribe, atrayendo más cruceristas, inversiones y alianzas comerciales.
Un elemento clave es que los casinos solo podrán operar en cruceros de gran escala —con más de 2,000 pasajeros— y bajo condiciones específicas, como recorridos mínimos de seis horas en aguas nacionales.
Además la resolución pone un fuerte énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, reconociendo que los casinos en cruceros pueden ser utilizados como canales para el movimiento de fondos ilícitos.
En ese sentido, los operadores deberán cumplir con la Ley 155-17 y reportar directamente a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa realizada mientras el casino opere en jurisdicción dominicana.
Además, se restringe la participación de empresas vinculadas a jurisdicciones consideradas de alto riesgo por organismos internacionales como el GAFI, elevando los estándares de transparencia.
Las licencias tendrán una vigencia de cinco años y serán intransferibles, lo que limita la especulación y asegura el control estatal sobre los operadores.
Asimismo, las autoridades —incluyendo la Autoridad Portuaria Dominicana— tendrán facultades amplias de inspección y fiscalización, incluyendo acceso a documentación y reportes operativos.
