Santo Domingo.- Circe Almánzar, dirigente empresarial y asesora en materia de gestión de residuos sólidos, valoró positivamente el esfuerzo realizado por la Cámara de Diputados, para lograr un consenso en torno al proyecto que modifica la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, que luego fue respaldado por el Senado de la República.
Esto contrario a lo que han expresado los principales gremios industriales y empresariales del país.
“Esta voluntad de diálogo y apertura permitió atender de manera responsable, las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, particularmente en lo relativo a la moderación de la contribución anual de las empresas, lo que representa un avance en la construcción de una política ambiental equilibrada y sostenible”, señaló.
En cuanto a los porcentajes obligatorios de utilización de residuos en materiales, reconoció como un paso prudente que estos hayan sido remitidos a normativas técnicas posteriores.
“Estas normativas deberán ser construidas mediante un proceso participativo y transparente entre los actores involucrados y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando así criterios técnicos y consensuados para su aplicación”.
Asimismo, Almánzar aclaró que la nueva definición y distancia establecida en la ley aprobada para las plantas de valorización, únicamente aplica a aquellas instalaciones destinadas a la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esta disposición no afecta a las plantas de valorización enfocadas exclusivamente en residuos prioritarios, las cuales continúan regulándose de acuerdo a lo establecido en la ley vigente.
De igual forma destacó que, conforme a la legislación actualmente en vigor, la recolección de residuos sólidos en los establecimientos, está reservada a los gestores autorizados, entre ellos los ayuntamientos.
Esta disposición no representa una novedad introducida por la reforma, sino que reafirma el marco legal existente en materia de manejo y recolección de residuos.
Finalmente señaló que, después del esfuerzo de consenso realizado por ambas cámaras legislativas, la ley merece y debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
Se oponen
Estas declaraciones distan de la posición de los gremios del Sector turístico y hotelero, quienes manifestaron su oposición a la reciente aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley de Residuos Sólidos No. 225-20, por no tener sin la debida profundidad técnica y análisis de impacto, al tiempo que alertaron sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal.
Mientras que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), expresó su profunda preocupación por el incremento irrazonable y desproporcionado de la contribución especial, al imponer aumentos significativos sin que se haya presentado hasta la fecha un estudio técnico que sustente dichos montos.
En ese sentido se manifestó la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) al advertir que el proyecto de modificación a la Ley 225-20 representa una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de mipymes en todo el país.
