Santo Domingo.- El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas constituye “un hito relevante en el proceso de modernización del Estado dominicano”, al entender que redefine la relación entre el Estado y sus proveedores y fortalece la contratación pública como una herramienta de desarrollo.
Durante su intervención en el primer Encuentro Industrial de la AIRD de 2026, Brache explicó que la normativa “no solo redefine las reglas del juego en la relación entre el Estado y sus proveedores, sino que reafirma una visión de la contratación pública como instrumento de desarrollo, eficiencia y creación de valor para la sociedad”.
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El dirigente empresarial destacó que, desde la óptica del sector industrial, la AIRD saluda el enfoque de la ley en principios como la planificación, la transparencia, la libre competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, resaltó la incorporación del criterio de “valor por dinero”, el cual, según indicó, “pondera no solo el precio, sino también la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental”.
Brache sostuvo que este enfoque “abre oportunidades reales para que la industria formal, innovadora y responsable pueda competir en mejores condiciones y aportar soluciones sostenibles al Estado”.
Asimismo, valoró la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Contrataciones.
“Estos cambios representan un avance significativo hacia procesos más predecibles, trazables y confiables. Para las empresas industriales, esto se traduce en mayor seguridad jurídica, reducción de la discrecionalidad y reglas más claras para la participación".
El presidente de la AIRD también destacó el énfasis de la ley en la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), productores locales y empresas con enfoques diferenciados.
“Estas disposiciones pueden convertirse en un motor para fortalecer los encadenamientos productivos, promover compras públicas más territoriales y estimular la diversificación de la base industrial del país”, expresó.
No obstante, advirtió que la normativa también plantea desafíos para el sector industrial.
“La ampliación de los criterios de evaluación, las exigencias de sostenibilidad y el fortalecimiento de los regímenes de control demandan mayores capacidades técnicas, administrativas y de cumplimiento por parte de las empresas”, puntualizó.
En ese contexto, Brache consideró clave que la implementación de la ley esté acompañada de procesos de formación y orientación.
“Será fundamental mantener un diálogo permanente entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y el sector productivo”, indicó.
Finalmente, reiteró la disposición de la AIRD de colaborar en el proceso de implementación.
“Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia para que esta normativa se traduzca en procesos ágiles, eficientes y alineados con estándares internacionales”, concluyó.
