La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) reveló que diferencias en la interpretación y aplicación del impuesto selectivo al consumo ad valorem habrían provocado que el Estado dejara de percibir miles de millones de pesos durante los últimos años, al tiempo que valoró la aprobación en segunda lectura del proyecto de plan anti crisis que procura precisar el alcance de una disposición ya contemplada en el Código Tributario.
La información fue ofrecida por la vocera de ADOPRON, Circe Almánzar, quien explicó que el debate no gira en torno a la creación de un nuevo impuesto, sino a la correcta aplicación de una norma vigente desde 1992 relacionada con la determinación del precio al por menor utilizado para calcular el impuesto ad valorem aplicable a las bebidas alcohólicas.
“Lo que se está haciendo es aclarar una disposición que existe desde hace más de tres décadas. Entendemos que algunas interpretaciones han generado distorsiones importantes en el mercado y pérdidas significativas para la recaudación fiscal. Lo importante ahora es que la ley se aplique de manera uniforme para todos los actores”, expresó Almánzar.
La representante del gremio explicó que el impuesto ad valorem se calcula sobre el precio al por menor del producto que adquiere el consumidor final, es decir, sobre el producto terminado y no únicamente sobre algunos de sus componentes. En ese sentido, sostuvo que las divergencias en torno a la base de cálculo han generado ventajas competitivas para determinados actores del mercado frente a empresas que sí aplican el criterio establecido por las autoridades tributarias.
“Cuando existen interpretaciones distintas sobre una misma disposición, se producen asimetrías que afectan la competencia. Lo que buscamos es que todos los participantes del mercado operen bajo las mismas reglas y en igualdad de condiciones”, indicó.
ADOPRON consideró que la disposición incorporada en el plan anti crisis fortalece la seguridad jurídica, aporta claridad normativa y contribuye a garantizar una aplicación más consistente del régimen tributario para el sector de bebidas alcohólicas.
Asimismo, la entidad destacó que la medida tiene el potencial de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, reduciendo espacios para interpretaciones divergentes y fortaleciendo los mecanismos de control tributario.
Almánzar afirmó que el sector empresarial debe participar activamente en la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos y fiscales del país, especialmente en un contexto donde las finanzas públicas enfrentan presiones crecientes derivadas de subsidios y compromisos de inversión social.
“Hay momentos en los que el sector privado tiene que actuar con responsabilidad y contribuir a la construcción de soluciones. El fortalecimiento institucional, la transparencia y el cumplimiento de las normas son elementos fundamentales para el desarrollo económico sostenible del país”, manifestó.
ADOPRON garantizó su disposición de continuar participando en los espacios de diálogo público-privado orientados a fortalecer la competitividad, la formalidad y la seguridad jurídica, promoviendo políticas que garanticen un entorno de negocios más justo y predecible para todos los sectores productivos.
