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Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó para el miércoles 21 de este mes la solicitud de medida de coerción contra un cabo de la Armada Dominicana a quien le imputa el asesinato de un médico perinatología Enrique Antonio Espinal Castillo.
El imputado Víctor Manuel Saldaña Hernández (a) Julio, se enfrenta a cargos por violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por haber planificado y ejecutado el asesinato de la víctima, Enrique Antonio Espinal Castillo, un profesional de la perinatología con quien se reunió en su casa del barrio Los Guandules del distrito municipal Hato del Yaque, donde lo mató al propinarle golpes contusos en cráneo y rostro. El Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva.
Para cometer el asesinato, de acuerdo a Ricardo Reyna, abogado de la familia de la víctima, el militar utilizó un mazo para golpear al galeno en la cabeza y el rostro.
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Puesta en marcha la acción pública, a partir de la denuncia que interpusieron familiares de la víctima por su desaparición, el Departamento de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago, inició las indagaciones recolectando evidencias materiales, documentales y periciales que desvelaron el nombre de Saldaña Hernández como el responsable del crimen.
El cuerpo de Espinal Castillo fue encontrado el pasado lunes 5 agosto, en unos terrenos baldíos de La Costa de Rafelito en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, a donde el victimario, oriundo de esa demarcación, lo trasladó y dejó abandonado luego de llevarlo en el baúl de la jeepeta Hyundai, modelo Tucson, color blanco, propiedad de la víctima, desde el distrito municipal Hato del Yaque.
La Fiscalía de Santiago tiene y ha puesto a disposición del tribunal, múltiples evidencias de irrefutable probación contra el victimario, incluyendo entre estas imágenes del recorrido que hizo el imputado desde Santiago hasta San Cristóbal, a bordo del vehículo, para desaparecer el cuerpo de la víctima.
El imputado permanece en prisión, luego de que la jueza Yeritza Cabral de la Cruz, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, le ordenó el pago de una garantía económica de $ 500,000 pesos, como medida de coerción, por el porte de un arma de fuego ilegal, la cual le fue encontrada al imputado durante su arresto, cuando era requerido por el Ministerio Público para fines de investigación.
