Santo Domingo.– La Coalición por la Seguridad Social Digna, junto a decenas de organizaciones sociales, sindicales, populares, profesionales y de la sociedad civil, exigió este viernes a la Procuraduría General de la República acelerar las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que el caso representa un grave atentado contra los recursos públicos y el derecho a la salud de la población.
Durante su pronunciamiento, las organizaciones demandaron que el Ministerio Público avance con mayor celeridad en el sometimiento judicial de todos los implicados en lo que calificaron como “Senasa 2.0”, al tiempo que reclamaron que el proceso sea llevado “hasta sus últimas consecuencias”.
La coalición sostuvo que Senasa habría sido objeto de malversación de fondos públicos provenientes de los aportes de la clase trabajadora y del Estado, recursos que según denunció fueron desviados para favorecer intereses privados y prácticas clientelares, en perjuicio de los afiliados, especialmente de los sectores más vulnerables.
En ese sentido, las entidades manifestaron su respaldo a las investigaciones en curso, pero insistieron en que no basta con las indagatorias preliminares, sino que se requiere una respuesta firme y rápida de la justicia dominicana.
Entre sus principales demandas, la Coalición por la Seguridad Social Digna pidió a la Procuraduría poner en marcha todos los recursos necesarios para garantizar justicia frente a los hechos denunciados, así como aplicar sanciones penales, civiles y económicas contra los responsables.
Asimismo, exigieron que el Ministerio Público procure no solo condenas judiciales, sino también la devolución total de los recursos sustraídos por los implicados en el denominado caso Operación Cobra, además de imponer penalizaciones económicas a todos los cómplices involucrados en los delitos que puedan ser probados.
Las organizaciones advirtieron que la presunta corrupción en Senasa no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un modelo más amplio de mercantilización de la salud dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde afirman se lucran miles de millones de pesos cada año a costa de los derechos de la ciudadanía.
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Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a posibles negociaciones o delaciones premiadas que, según entienden, puedan traducirse en la recuperación parcial del dinero y en la reducción de responsabilidades penales para algunos de los implicados.
Las organizaciones consideraron que una salida de ese tipo representaría una forma incompleta de justicia y dejaría impune un daño que, a su juicio, afecta directamente al pueblo dominicano y a uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social.
La Coalición reiteró que el país necesita una respuesta judicial contundente, transparente y sin privilegios, para sentar un precedente frente a la corrupción en el manejo de los recursos destinados a la salud pública.
