Santo Domingo.- El Ministerio Público informó que espera que la Corte de Apelación revoque la sentencia de primer grado dictada en el proceso del denominado Caso Antipulpo, al considerar que existen pruebas suficientes para imponer condenas más altas contra los implicados en el entramado que habría desfalcado al Estado con más de RD$4,000 millones.
El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, explicó que el órgano acusador apeló tanto las condenas como las absoluciones emitidas por el tribunal. “Estamos esperando que la Corte fije audiencia para defender nuestros recursos”, expresó.
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En su recurso, el Ministerio Público solicita que a Juan Alexis Medina Sánchez se le aumente la pena de siete a 20 años de prisión, además de una multa equivalente a 400 salarios mínimos. Para José Dolores Santana Carmona pide 15 años de cárcel, igual multa y degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto en primera instancia, el órgano acusador solicita diez años de prisión y multa de 400 salarios mínimos. También reclama penas de diez años y sanciones económicas similares para Carmen Magalys Medina Sánchez y Wacal Vernabel Méndez Pineda, entre otros imputados.
Para varios acusados, el Ministerio Público pide condenas de diez años y multas de 200 salarios mínimos, mientras que para otros solicita cinco años de prisión —algunos con penas suspendidas— además de sanciones económicas y degradación cívica. Asimismo, mantiene su solicitud de sanciones contra varias empresas vinculadas al proceso, incluyendo prohibición de contratar con el Estado, disolución y multas.
En la sentencia de primer grado, el tribunal condenó a Medina Sánchez a siete años de prisión por soborno, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores. Otras personas recibieron penas de entre cinco y seis años, mientras que varios imputados y empresas fueron absueltos.
El Ministerio Público insiste en que la decisión debe ser revisada para que, a su juicio, las sanciones se correspondan con la magnitud del perjuicio causado al Estado dominicano.
