Santo Domingo.- Tras la promulgación de la Ley 75-25, que da paso al nuevo Código Penal de la República Dominicana, varios ciudadanos consultados en las calles de Santo Domingo expresaron desconocimiento general sobre el contenido de la nueva normativa, así como opiniones divididas respecto al proceso con el que fue aprobada.
La ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 3 de agosto de 2025, tras ser aprobada por el Congreso Nacional. La reforma reemplaza el antiguo código penal vigente desde 1884 y abarca nuevas tipificaciones y sanciones en materia penal.
Te puede interesar: http://¿Por qué el nuevo Código Penal entrará en vigencia en agosto de 2026?
Sin embargo, en las Varios entrevistados dijeron no estar informados más allá de los temas más mediáticos, como el aborto y la violencia.
“Sí, escuché que se aprobó, pero en realidad no sé qué incluye. Solo he oído hablar de las tres causales.”, comentó un ciudadano.
“Yo lo veo bien que se haya aprobado algo nuevo, pero no tengo claro qué cambió ni cómo nos afecta.”
Alejandro, otro entrevistado, destacó la falta de comunicación efectiva entre los responsables de la ley y la población general:
“Entiendo que fue muy polarizado. Muchas organizaciones se centraron en lo que les interesaba. Pero de tantos artículos que tiene el código, el pueblo (al que se le aplica) no sabe qué más contiene.”
“Yo no conocí ningún regidor ni autoridad que me dijera: ‘estos son los puntos’. Lo que se entendió fue que todo giraba en torno a las tres causales o los temas de violencia. Pero hay más cosas que debieron comunicarse al público.”
Otros ciudadanos se expresaron en términos más críticos sobre el contenido:
“Este código, en verdad, tiene partes que no son muy claras, y hay partes que le convienen solamente a unos cuantos”, afirmó Miguel.
También hubo cuestionamientos sobre el proceso legislativo:
“Tiene muchos vacíos. Eso está parchado y no fue trabajado como se debe. No se explicó bien al pueblo”, afirmó Juan Carlos.
La Ley 75-25 introduce delitos como el sicariato, amplía sanciones contra la corrupción, y establece nuevas formas de penalización en áreas como el crimen organizado, acoso y violencia contra la mujer. Sin embargo, la ausencia de ciertos temas (como la despenalización del aborto en causales específicas) ha generado amplio debate.
