English
Santo Domingo.- La defensa del exfiscal Jean Alain Rodríguez afirma que la Procuraduría y la Cancillería "insultan" a la ONU y minimizan sus decisiones, después de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendara la puesta en libertad de su cliente al considerar que hubo irregularidades en el proceso.
En un comunicado, los abogados indican que lo que se busca es "sembrar odio y encono" contra el exprocurador, quien en enero pasado salió de prisión preventiva y está en arresto domiciliario.
Te puede interesar: Canciller califica como una «manipulación burda» de Jean Alain la declaración grupo de la ONU
Se refieren en concreto al "odio y conducta talional" de la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice.
Respecto a la obligatoriedad de las decisiones de la ONU, indican los letrados, la Carta Magna y el Código Procesal Penal, disponen carácter de obligación del Gobierno de la República Dominicana de cumplir los convenios internacionales, con supremacía a su ámbito interno, "máxime que, por mandato constitucional, nuestras relaciones internacionales se fundamentan y rigen precisamente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional".
Ante ello, piden al presidente del país, Luis Abinader, que "disponga revisar la errada postura" de Berenice y el canciller Roberto Álvarez, quienes reaccionaron en contra tras conocer el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en el que se considera que la privación de libertad de Jean Alain Rodríguez fue arbitraria, por lo que se recomienda el fin de esta medida y una investigación exhaustiva e independiente al respecto.
El Ministerio Público asegura que ha actuado apegado a la norma en el caso del exprocurador, como presunto cabecilla del entramado de corrupción administrativa desmantelado en la llamada operación Medusa.
En este proceso, además de Rodríguez, la Fiscalía acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, así como de sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
