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Santo Domingo. - La Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) ha iniciado una investigación, motivada en denuncias por malversación de fondos, falsificación, abuso de confianza y estafa de parte de una red de delincuencia financiera, conformada por miembros directivos, administradores, empleados y socios de COOP HERRERA, lo cual ha perjudicado de forma exponencial los ahorros de los miembros de dicha entidad.
El expediente del Ministerio Público al que tuvimos acceso, explica con detalles la forma en la que los involucrados trabajaban para cometer el fraude. Este entramado financiero delincuencial cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves y que el MP explica a detalles en la imputación preliminar de cargos y narra las jugadas del Gerente General de la entidad durante varios años para lograr el fraude de l que se le acusa.
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La imputación por parte del Ministerio Publico explica que:
Desde el año 2009, el imputado Jorge Eligio Méndez, comenzó a adquirir una notable influencia dentro de Coop Herrera, llegando a ocupar, durante varios periodos, de tres años cada uno, la función de presidente del Consejo de Administración, y luego, mediante la resolución número 13 de Asamblea General Ordinaria de Coop Herrera, celebrada el 10 de mayo del año 2015, fue designado como administrador general, función que ha desempeñó hasta el año 2023, cuando el Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECCOP) intervino la misma.
Las atribuciones generales de Jorge Eligio Méndez, como administrador general, eran las de planificación estratégica, gestión financiera, administrar los recursos humanos, dirigir y supervisar las operaciones diarias, relaciones externas, desarrollo de mercado y crecimiento, supervisión del cumplimiento legal y regulatorio, entre otras atribuciones.
En el uso de sus atribuciones, Jorge Eligio Méndez comenzó a posicionar en puesto administrativos esenciales dentro de la cooperativa, a personas de su entera confianza, como es el caso de Ana Cecilia Tejada Santos, como gerente de oficina principal desde el año 2017; a Julio César Minaya Mejía, como auditor
interno desde el año 2018; a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, como encargado del departamento de crédito desde el 2015, este último sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para este puesto.
Asimismo, fue designada como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos a Amalia María Sánchez Méndez, desde el año 2015; ascendió a Breily Ricardo Montero al puesto de encargado de tecnología; y nombra a Roanni Peña Aybar, ascendiéndola un periodo más tarde al puesto de contadora
general.
Con estas personas respondiéndole directamente, se aseguraba de manejar los recursos de la cooperativa de manera discrecional y poder realizar los informes de estados financieros de acuerdo con los intereses del entramado criminal.
De igual forma, se aseguró de dejar a su familia en la presidencia del Consejo de Administración, por intermedio de Kenia Del Carmen Liriano Pérez, quien ocupó el puesto desde el año 2017, y de esta forma podría seguir desempeñando ambas funciones a través de esta, lo que le aseguraba la aprobación de las
propuestas presentadas, sin ningún tipo de cuestionamiento, como fue el caso de la disolución “provisional” del comité de crédito a inicios del año 2020.
Luego de la conformación de esta parte de la estructura criminal, que se podría denominar como “estructura interna”, en el año 2018, COOP HERRERA llevó a cabo una reestructuración de su organización administrativa, otorgando al cargo del administrador general de la máxima autoridad dentro de la entidad. A partir de
esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa.
