Los abortos clandestinos siguen siendo una práctica peligrosa que continúa cobrando la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Estas intervenciones, a menudo realizadas en lugares inesperados cuya fachada oculta la verdadera naturaleza de los servicios ofrecidos, no muestran señales de disminuir a pesar del paso del tiempo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan cerca de 73 millones de abortos a nivel global. La mayoría de las víctimas son jóvenes que, al no contar con el apoyo necesario, incluso de sus propios hogares, se ven obligadas a recurrir a médicos incompetentes, falsos profesionales o farmacéuticos para interrumpir sus embarazos.
En la República Dominicana, especialmente en sus principales ciudades, es un secreto a voces que algunos centros de salud importantes se dedican a la práctica de abortos clandestinos, con casos que han llegado a la palestra pública.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público han actuado de manera decisiva, cerrando varios centros por incumplimiento de las normas legales. Se reportó el cierre de establecimientos como la Clínica Santos Brito, ubicada en la avenida Duarte Vieja número 42, Las Palmas de Herrera; la Clínica Herrera Piña, en la calle México número 181, también en Herrera; y el Consultorio Sánchez Ureña, en la calle Duarte número 298, esquina 41, en Los Alcarrizos.
Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, señaló que la falta de alternativas empuja a muchas mujeres a recurrir a estas prácticas, con consecuencias que, en muchos casos, resultan fatales. Lorenzo destacó que el problema persiste en parte por la falta de acceso a servicios de salud seguros y por la estigmatización que rodea el tema de las tres causales.
La ciencia médica debe guiar el debate sobre el aborto, no solo las leyes
El abogado Yery Francisco Castro, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, expresó su opinión legal sobre la discusión en torno a la inclusión de las tres causales en el Código Penal, argumentando que estos casos deben ser tratados en el ámbito de la ciencia médica.
Según Castro, los profesionales de la salud deben ser quienes tomen decisiones en estas circunstancias, ya que requieren un conocimiento especializado, más allá de una interpretación legal. En cuanto al marco constitucional, explicó que la Constitución de la República Dominicana protege la vida, pero no prohíbe explícitamente el aborto. Sin embargo, el Código Penal actual sí sanciona esta práctica.
Castro también subrayó que el aborto nunca ha sido objeto de litigio en el país, lo que resalta la necesidad de un debate más profundo y una regulación adecuada. Añadió que existen múltiples temas de igual importancia que, al igual que el aborto, deben ser objeto de legislación para sancionar efectivamente las prácticas ilegales e indiscriminadas que siguen llevándose a cabo en la clandestinidad, a pesar de estar penalizadas en el Código Penal Dominicano.
Penalización del aborto y el debate inconcluso sobre la reforma
El tema del aborto ha estado en el centro de la controversia desde que la Cámara de Diputados aprobara la eliminación del párrafo del artículo 110 del Código Penal, que establecía una ley especial en caso de que una mujer interrumpiera el embarazo por causa de violación, incesto o malformaciones del embrión clínicamente comprobadas. Esta eliminación ha sido vista como un retroceso en los derechos humanos.
El artículo 317 del Código Penal Dominicano sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, mientras que impone penas que oscilan entre cinco y veinte años al personal médico que interviene en su realización.
Desde 1997, la República Dominicana ha estado debatiendo la posibilidad de reformar su Código Penal, y el tema del aborto ha sido central en esta controversia. En 2005, ambas cámaras legislativas aprobaron el Proyecto de Código Penal, manteniendo el actual régimen sancionador contra el aborto.
Durante el presente año, se realizaron varias vistas públicas sobre el tema, auspiciadas por la Comisión Bicameral para el Estudio del Proyecto de Código Penal. El sector provida, integrado en su mayoría por la Iglesia Católica y grupos protestantes, presentó su oposición a la despenalización del aborto. En contraste, el sector pro opción, liderado por la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado, compuesta por diversas organizaciones feministas y el Colegio Médico Dominicano, solicitó al Congreso Nacional la aprobación de la despenalización del aborto en casos de violación sexual, incesto, riesgo para la vida de la madre y malformación del feto.
