English
Santo Domingo, R.D.– La familia de Yokairy Sosa Asencio, de 24 años, condenada a 12 años de prisión y recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres de Anamu ya, en Higüey, aseguró que en su caso la justicia actuó de manera injusta, al imponerle una condena sin pruebas suficientes que la vinculen al delito que se le imputa.
Su hermana, Suri Sosa, solicitó formalmente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que el expediente judicial sea nuevamente estudiado, al considerar que Yokairy Sosa fue condenada por un hecho que no cometió. Explicó que la acusación se sostiene en el señalamiento de una víctima que la identifica como supuesta jefa de una banda que contactaba hombres a través de redes sociales como Tinder e Instagram, para luego asaltarlos, sin que —según afirmó— existan pruebas materiales que confirmen esa versión.
Leer más: Abogado expone violaciones al debido proceso en caso de joven condenada a 12 años en Higüey
“La justicia fue demasiado injusta, porque no nos dieron la oportunidad de demostrar. Y cuando presentamos pruebas, dijeron que no eran suficientes, aun cuando eran más sólidas que las que utilizaron para condenarla”, expresó Suri Sosa, al cuestionar el manejo del proceso judicial.
La familia también criticó la actuación del Ministerio Público, alegando que no se realizó una investigación técnica que permitiera establecer de manera objetiva la participación de la joven. Indicaron que no se efectuaron peritajes a teléfonos móviles, análisis de mensajes, levantamientos de cámaras de seguridad, ni mapeo de celdas telefónicas que colocaran a Sosa Asencio en el lugar del hecho.
Desde el centro penitenciario, la propia Yokairy Sosa Asencio solicitó la revisión de su caso a través de una carta manuscrita dirigida a la procuradora general, en la que asegura que su identidad fue utilizada de manera indebida en redes sociales, lo que provocó su vinculación errónea con el delito.
En la misiva, la joven denuncia que lo más doloroso de su situación es que la persona responsable del hecho declaró ante el tribunal que no la conoce y que ella no tuvo participación alguna, y aun así permanece privada de libertad.
Ante este escenario, el abogado Jean Cristofer Pérez informó que la defensa ha asumido el caso en la fase de casación, por lo que solicitarán ante la Suprema Corte de Justicia la anulación de la sentencia o, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio, con el objetivo de que se garantice una defensa justa y el respeto a los derechos fundamentales de la joven.
