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Santo Domingo.– Durante la audiencia preliminar por la tragedia en la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, llamó la atención a los abogados de los afectados y a los imputados sobre la importancia de garantizar el derecho de defensa sin demoras indebidas.
“En caso de que se les retenga una responsabilidad, lo que procede es la indemnización civil, eso ustedes lo saben. Nadie puede alegar que el tribunal no les ha dado oportunidad”, expresó el magistrado, enfatizando que ya ha suspendido tres veces la audiencia para permitir que las partes se preparen.
El juez recordó que el tribunal debe respetar los plazos razonables del proceso, asegurando que no se extienda hasta diciembre, y advirtió que el derecho de defensa es “sagrado”. “Incluso si alguien viniera a cuestionar, hay que garantizar el derecho de defensa de todas las partes. Es una garantía constitucional”, puntualizó.
Mejía también señaló que el proceso debe avanzar con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público, aunque permitirá recesos si las partes requieren tiempo adicional para completar sus acciones.
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“Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre, diciembre y estaremos dando la misma vuelta. Ya le he dado tres oportunidades para que busquen el expediente, para que busquen pruebas, para que se preparen. Ya no es justo”, añadió.
La audiencia preliminar inició este lunes con los hermanos Antonio y Maribel Espaillat acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas. La tragedia ocurrió el 8 de abril de 2025 durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, cuando el techo del establecimiento colapsó, causando cientos de muertes y numerosos heridos.
El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, asegura que la negligencia de los propietarios fue la causa del desplome, al aplicar soluciones paliativas y sobrecargar la estructura sin estudios técnicos que garantizaran su seguridad.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen medidas de coerción que incluyen una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país. El tribunal fijó nuevas fechas para la continuación de la audiencia preliminar los días 13 y 20 de abril, en la fase conocida como el “juicio de las pruebas”, donde se determinará si el caso cuenta con méritos para un juicio de fondo.
Familiares de las víctimas y la sociedad dominicana mantienen su exigencia de justicia ante uno de los hechos más trágicos en la historia reciente del país.
