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Distrito Nacional.- La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE), junto a la Fundación Juan Bosch, el Proyecto + Derechos y la Coalición por la Seguridad Social Digna, presentaron este miércoles una nueva edición del informe Radiografía de la Seguridad Social, centrado en los resultados y el costo social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 2025.
El informe advierte que los cotizantes enfrentarán pensiones inciertas que, en promedio, no superarían el 30 % de sus ingresos laborales, mientras las AFP continúan registrando elevados niveles de rentabilidad y acumulación de ingresos dentro del sistema financiero.
De acuerdo con el análisis, se produce un drenaje significativo de recursos que deberían fortalecer la seguridad social, mientras las inversiones realizadas con estos fondos se concentran principalmente en instrumentos tradicionales como renta fija, renta variable y bonos del Estado, con limitado impacto productivo.
Uno de los puntos centrales del documento es el efecto de la Ley 13-20, que, según se expone, blindó los ingresos operacionales de las AFP frente a las fluctuaciones del mercado, permitiendo que estos alcancen los RD$11,562.2 millones en 2025.
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En cuanto a las utilidades, estas pasaron de RD$4,387.3 millones en 2020 a RD$5,933.8 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 6.2 %, casi triplicando el ritmo de la economía dominicana. Sin embargo, el rendimiento real para los cotizantes apenas alcanza un 4.4 %.
El contraste se acentúa al comparar la rentabilidad: las AFP registran un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 24.9 % y un retorno sobre activos (ROA) de 19.9 %, cifras significativamente superiores a las del sector bancario.
Asimismo, el informe destaca el incremento de los gastos operacionales, que crecieron a una tasa promedio anual de 13.7 % entre 2020 y 2025, alcanzando los RD$7,198.4 millones, incluso por encima del ritmo de las ganancias.
Durante la presentación, expertos cuestionaron la justificación de estos niveles de gasto, señalando que el tipo de inversiones que realizan las AFP no requiere un nivel de especialización que explique costos administrativos tan elevados.
El análisis también reveló que, al sumar los gastos operativos y administrativos junto a los beneficios acumulados entre 2004 y 2025, el monto asciende a unos RD$126,000 millones, lo que fue definido como el “costo social” del actual modelo de administración de pensiones.
Ante este panorama, se planteó la necesidad de una reforma profunda del sistema de seguridad social, incluyendo la posibilidad de incorporar un actor público en la gestión de los fondos, con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia.
Como referencia, se citó el caso del INAVI, destacando que instituciones públicas con manejo de fondos patrimoniales han logrado niveles de rentabilidad superiores a los de las AFP.
Los participantes concluyeron que el debate debe centrarse en garantizar pensiones dignas, mayor transparencia y una administración más eficiente de los recursos de los trabajadores.
