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Santo Domingo. - En República Dominicana, una nueva controversia sacude al periodismo nacional. Varios comunicadores han sido señalados públicamente de recibir fondos mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el supuesto objetivo de influir la opinión pública contra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según publicaciones difundidas en redes sociales y medios digitales, habrían recibido pagos superiores a los diez mil dólares, canalizados a través de organizaciones de la sociedad civil.
Los periodistas señalados han negado de forma categórica haber recibido dinero de la USAID. Además, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) salieron en su defensa, exigiendo pruebas concretas ante lo que consideran una campaña de descrédito.
Ante la gravedad de las acusaciones, Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, interpusieron querellas penales por difamación contra quienes los acusaron: los comunicadores Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals y Aquiles Jiménez Fernández.
Uno de los señalados, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, ha defendido sus declaraciones, asegurando que están basadas en “información legítima” y que posee documentación que respalda sus afirmaciones. Sostiene, además, que algunos de los periodistas que hoy lo demandan “no resistirían una auditoría de los contratos de publicidad recibidos del gobierno actual”.
El caso ha escalado aún más con la inclusión de una nueva querella en contra de Alfredo de la Cruz, esta vez interpuesta por el diputado Gory Moya, también por presunta difamación.
Más allá de los tribunales, la situación ha reabierto un debate de fondo: ¿Hasta qué punto los fondos internacionales pueden participar en el fortalecimiento institucional sin cruzar la línea hacia la injerencia política? ¿Dónde termina la cooperación y comienza la manipulación?
Lo cierto es que la participación de la USAID en proyectos sociales y mediáticos dominicanos no es nueva. La mayoría de sus fondos son otorgados mediante convocatorias públicas. Sin embargo, esta controversia ha puesto en tela de juicio la transparencia de esas relaciones y ha dejado en el aire una pregunta clave: ¿quién tiene la razón? Eso, está por verse.
