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Durante un evento público llevado a cabo el 9 de abril de 2026 en el Malecón del Río Atrato, en Quibdó (Chocó), centrado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica que decretó en diciembre de 2025.
“Si yo abro ahora las redes, me encuentro con que la Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto de emergencia económica, el primero, el que era general para toda la economía. Tiene innumerables consecuencias”, dijo el jefe de Estado en el evento.
De acuerdo con sus declaraciones, la determinación del alto tribunal está basada en un sesgo político y no precisamente en argumentos económicos. Además, recordó que hay una representación minoritaria del Gobierno en la Corte.
De acuerdo con sus declaraciones, la determinación del alto tribunal está basada en un sesgo político y no precisamente en argumentos económicos. Además, recordó que hay una representación minoritaria del Gobierno en la Corte.
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“Esas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento, decir: ‘No más ingresos al Gobierno’, porque nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliécer Gaitán", señaló, incluyendo en su crítica al Congreso de la República.
Indicó que no es posible recortar el gasto, porque hay necesidades que apremian y por las cuales la administración debe responder, como la indemnización de miles de víctimas del conflicto armado en Colombia. Según precisó, se requiere de una inversión de $480 billones para reparar a los sobrevivientes.
En ese sentido, señaló al alto tribunal de arrebatar al Gobierno los recursos que debe destinar para la indemnización de las víctimas, cuya reparación podría tardar 120 años, según informó el primer mandatario. Por eso, aseguró que la Corte se contradijo en dos decisiones distintas.
“La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar las víctimas, porque le está quitando los recursos”, señaló el jefe de Estado.
De igual manera, afirmó que las víctimas se están viendo afectadas por la falta de reparación y de restitución de tierras, y que toda la población en general está sufriendo por la persistencia de la violencia, que está viéndose reflejada, sobre todo, en el asesinato de la “juventud”. Con el actual panorama, en el que el Gobierno pierde otra emergencia económica, esta realidad de violencia podría sostenerse en el tiempo, de acuerdo con el presidente.
Además, las víctimas también podrían quedar inmersas en actos de violencia derivados de la falta de indemnizaciones dignas, que corresponden al Estado. “Puede llegar una especie de guerra entre grupos organizados de víctimas tratando de que le den la indemnización a la que tiene derecho”, advirtió.
Según la Corte, el decreto en cuestión no cumplió con los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos para establecer una emergencia económica. Sin embargo, según Gustavo Petro, los hechos que se expusieron en el documento para justificar la declaratoria sí eran extraordinarios en ese momento (diciembre de 2025), pero ya no lo son ahora, cuatro meses después, cuando el alto tribunal tomó la decisión.
“Ya no es extraordinario, al no aprobar la emergencia económica en enero, la corte constitución, dado que las comisiones del senado dirigidas por el senador Efraín Cepeda y su banda, hundieron los proyectos de ley de financiamiento del Estado, no se aprobó y se suspendió el decreto, lo sobreviviente ya se está produce ahora (sic)”, indicó el presidente a través de su cuenta de X.
Indicó, además, que el encarecimiento de la deuda, que motivó, en parte, la declaratoria de la emergencia, impide la construcción de un Estado social de derecho e impulsa la desigualdad y la violencia.
“Este gobierno se para en la raya y no permitirá que ni un solo pobre, trabajador o trabajadora del campo o la ciudad ningún joven con ganas de estudiar, pague la crisis que provocan los dueños del sector financiero y sus amigos políticos en las instituciones del estado buscando más ganancias particulares”, aseveró.
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El Gobierno “se apropió de competencias”
Contrario a lo que expuso el jefe de Estado, en relación con la presunta politización de la Corte Constitucional, el magistrado Carlos Camargo Assis, responsable de la ponencia que fue sometida a discusión, indicó que la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia económica se debe a que esta vulneró los principios democráticos y de separación de poderes.
“El Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”, explicó el togado en una rueda de prensa.
