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Quito.- La Constitución que instauró el expresidente Rafael Correa en Ecuador en 2008, de la que dijo que duraría 300 años, puede verse con los días contados si el actual mandatario Daniel Noboa logra su propósito de establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, lo que será la cuestión principal del referéndum convocado para este domingo.
La actual Constitución tiene 444 artículos y Noboa -que no ha detallado qué temas planteará para una eventual nueva Constitución-, aspira que ésta sea "sencilla de entender, de interpretar, pero eficiente", con unos 180 artículos.
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Aunque analistas consideran que Noboa busca una Constitución a su medida, el gobernante sostiene que quiere una que proteja "los derechos ciudadanos", sin tocar los derechos de la naturaleza donde la actual Carta Magna es pionera pero, pues cree que la actual Constitución protege a los delincuentes.
Para Noboa, la Constitución actual restringe el uso de la prisión preventiva y facilita que acusados de graves delitos estén libres gracias a recursos legales amplios (acciones de protección, hábeas corpus, medidas cautelares) que, aunque pensados para garantizar derechos humanos, han sido aprovechados por sus abogados para evitarles la cárcel.
Liberalizar economía
En materia económica, Noboa ha anticipado, a breves rasgos, que el país necesita apertura y reglas claras para la inversión extranjera frente al marco actual, que establece sectores económicos estratégicos con prevalencia del Estado, así como facilitar la contratación para generar empleo.
La sanidad cree que debe estar por completo bajo gestión del ministerio, y no una parte en manos de la Seguridad Social.
Quienes apoyan el 'Sí' sostienen que el país necesita un nuevo pacto social que redefina instituciones y dé paso a un modelo más eficiente, pero los detractores temen que sea una estrategia política para que el Gobierno controle el diseño institucional y debilite contrapesos como la Corte Constitucional, que ha anulado varias reformas de Noboa por vulnerar derechos.
Asimismo, les asusta que se eliminen garantías sociales, ambientales y de participación ciudadana, reconocidas en la Constitución de 2008, la primera en el mundo en incorporar derechos a la naturaleza.
¿Cheque en blanco?
Cuando se le pregunta a Noboa sobre temas específicos que podrían contemplarse en el análisis para una eventual nueva Constitución, suele esquivar señalando que "se ponen las medias antes que los zapatos", en referencia a que primero se debe conocer si los ecuatorianos aprueban la instalación de una Asamblea Constituyente.
Ello ha desatado dudas entre sus detractores sobre las verdaderas intenciones detrás del proceso. "Nos quieren quitar la democracia, la salud, la educación, en sí, quieren privatizar", sostiene Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que recientemente lideró un paro contra el Gobierno, especialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Al no contar con datos sobre las intenciones del Gobierno, políticos como Gustavo Larrea, creen que Noboa está pidiendo "un cheque en blanco" a la población, que podría llegar a una Constituyente sin saber para qué, cuando "el proceso mismo implica un pacto social donde todos los sectores sociales, empresariales y políticos deberían estar involucrados".
Reestructuración del Estado
Larrea, excandidato presidencial, no ve necesaria una nueva Constitución, pero sí reformar la actual, especialmente en lo relativo a la estructura del Estado, con -por ejemplo- la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano de siete miembros escogidos por votación popular que designa a autoridades como el fiscal general, pero por vías distintas a una Constituyente, que -planteada como está- teme que "pueda convertirse en un traje a la medida" de Noboa.
"¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas! No para una nueva Constitución -tenemos una de las mejores del mundo, aunque siempre se puede actualizar-, sino para mandar a la casa a un Gobierno evidentemente mentiroso, corrupto e incompetente", señaló Correa en redes.
En caso de que gane el 'Sí', los ecuatorianos deberán volver a las urnas para designar a los 80 asambleístas constituyentes.
La Constituyente durará 180 días contados desde su instalación, prorrogables una sola vez por hasta 60 días y el nuevo texto deberá ser aprobado por los ecuatorianos en un nuevo proceso electoral.
