Acabo de emitir un voto contrario a la línea del Partido Revolucionario Moderno, en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, por ser un político coherente con los valores democráticos, con los cuales argumentamos nuestra renuncia a la Comisión que, en el Congreso, llevaba el estudio de este proyecto. Pedí el voto de mis conciudadanos de La Romana, porque tengo muy claras las premisas que deben guiar a un hombre de Estado. Hablo de la visión, la misión y los valores con los que un político debe conducirse, para nunca traicionar la confianza delegada en una boleta electoral.
Juré, el 16 de agosto de 2020, respetar y cumplir los preceptos constitucionales que guían y pautan las funciones públicas en nuestro país, por tanto, nada que atente o ponga en riesgo el orden constitucional lo aprobaré desde mi asiento, como senador de la República. Entiendo, que nadie debe darme lecciones sobre mi visión política, del respeto que debemos dar a la libertad, al respecto a la ley, al orden público y a la igualdad de oportunidades, consagrados en la visión de un servidor público.
Pensemos en la garantía que tiene la libertad en este proyecto de Ley, si estamos arrebatando derechos fundamentales de los ciudadanos, en aras de recuperar lo robado, en los ilícitos supuestamente perseguidos. Si un pueblo permite que cercenen su libertad, en nombre de garantizarle la protección de los bienes del país, ni merece la libertad, ni merece los derechos, ni merece que le devuelvan lo robado.
Estamos arriesgando con esta aprobación la convivencia pacífica, al darle las posibilidades de cometer arbitrariedades a personas, investida de autoridad, a partir de su cercanía con los intereses de poder, nunca por los méritos acumulados en la defensa de los mejores intereses de la nación. Hoy tenemos un Procurador General de la República cuestionado por supuestos o reales delitos o crímenes cometidos en el ejercicio sin límites democráticos y constitucionales de sus funciones, frente a un cargo público, en un Estado de Derecho, pregonado de voz en cuello por todas partes.
Romper el sistema de legitimidades de nuestro orden público, mediante una monserga legal, con la cual fiscales, autoridades judiciales y funcionarios públicos pudieran apropiarse de bienes declarados caprichosamente ilícitos, después de estar certificado por las propias autoridades, con un título de propiedad de un inmueble, la matrícula de un carro, una licencia o la concesión para la explotación comercial e industrial de cualquier recurso natural, en nombre de una Ley Especial que, de hecho, es una ley de excepción. Son estas ambivalencias las que han roto nuestra convivencia y destruido, la fortaleza de la ley en nuestra democracia.
Defendemos con nuestro voto contrario, los principios constitucionales que protegen a los ciudadanos y a toda la sociedad, pues un legislador tiene como compromiso y responsabilidad, trabajar para que el Estado garantice la libertad, el orden público, el respecto a la ley y la igualdad de oportunidades. Nada de esto lo garantiza la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por los colegas senadores.
