Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirmó que el manejo irregular de fondos dentro de la Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) generó un déficit que supera los RD$15,000 millones, cifra que el Ministerio Público ha colocado como uno de los ejes centrales en la solicitud de medidas de coerción dentro de la denominada Operación Cobra.
Según la acusación, este monto refleja no solo la magnitud del presunto esquema fraudulento, sino también la gravedad del impacto financiero sufrido por una institución que administra recursos destinados a la cobertura de salud de una vasta población afiliada.
El fiscal Héctor García explicó que la estimación del déficit proviene del análisis detallado de auditorías internas y de documentación financiera recopilada durante varios meses de investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas auditorías revelan movimientos irregulares que se habrían ejecutado de manera sistemática y prolongada en el tiempo, permitiendo reconstruir una ruta del dinero que apunta a un manejo contrario a los procedimientos establecidos, constituyendo indicios sólidos de un uso indebido de recursos públicos destinados a la administración sanitaria del Estado.
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Los investigadores precisaron que los fondos desviados debían garantizar la operación estable y continua de SeNaSa, incluyendo la cobertura médica, el pago de atenciones, la gestión de tratamientos y la provisión de servicios esenciales para los afiliados del sistema estatal. El faltante millonario, según lo expuesto, compromete la capacidad de la institución para cumplir con su misión, ya que los recursos presuntamente sustraídos eran parte fundamental de su flujo financiero regular.
Debido a esa magnitud y al alcance institucional del daño, el Ministerio Público considera indispensable la imposición de medidas más estrictas contra los imputados, incluyendo prisión preventiva, argumentado que la severidad del déficit, sumada a la naturaleza de las operaciones detectadas, justifica la solicitud de coerción más rigurosa, ya que existe riesgo de obstrucción del proceso o de manipulación de pruebas si los investigados enfrentan el proceso en libertad.
Además, la complejidad del caso y la cantidad de documentos a analizar refuerzan la postura del órgano acusador.
