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Santo Domingo.- La modificación de la Ley 225-20 sobre manejo de residuos sólidos en el Congreso proyecta inversiones de hasta RD$12,000 mil millones, pero expertos alertan que favorece a grandes operadores y puede crear un mercado cerrado que excluye nuevos competidores.
De acuerdo a los datos, este proyecto, que movilizará entre RD$8,000 y RD$12,000 mil millones, promete modernizar la gestión de desechos en el país. Sin embargo, un análisis integral de la propuesta revela serias preocupaciones: la ley podría reforzar monopolios privados, limitar la competencia y generar dependencia financiera en los municipios.
Fondos millonarios sin reglas claras
La reforma contempla asignaciones millonarias a alcaldías y distritos municipales, supuestamente para fortalecer la gestión de residuos. Pero no establece mecanismos estrictos de rendición de cuentas. El temor es que estos recursos, en lugar de destinarse a mejorar servicios, terminen en nóminas paralelas o alimentando clientelismo político.
Un elemento que ha generado especial preocupación es que, a diferencia de la ley actual donde el Ministerio de Hacienda juega un rol bien definido en la supervisión y control del uso de los fondos públicos, en esta reforma su papel se diluye significativamente. La exclusión del órgano rector de las finanzas públicas abre la puerta a que estos recursos millonarios sean manejados con menor transparencia y menor control estatal efectivo.
Las modificaciones parecen favorecer a un grupo reducido de actores: empresas que ya operan rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y plantas de valorización. Artículos clave como el 4, 16, 17, 36 y 38 perfilan un esquema que podría consolidar estos negocios, asegurándoles ingresos estables durante una década mediante contratos largos y pagos garantizados, financiados por un fideicomiso público-privado.
Expertos advierten que este modelo viola el artículo 50 de la Constitución, que consagra la libertad de empresa, al cerrar el mercado a nuevos competidores y fortalecer a operadores actuales sin evaluación constante de desempeño o innovación.
Las nuevas reglas que excluyen varias de las reformas introducen condiciones que podrían bloquear a actores emergentes. Por ejemplo:
• Artículos 108 y 109: exigen que cualquier nueva estación de transferencia tenga acuerdo previo con un relleno sanitario autorizado, lo que pone en ventaja a operadores ya establecidos.
• Artículo 116: obliga a que las plantas de valorización estén asociadas a un relleno autorizado, cerrando el paso a modelos independientes.
• Artículo 172: otorga 60 meses adicionales a empresas plásticas para usar resina reciclada, pero sin identificar quién proveerá esta resina, creando un potencial monopolio en este insumo clave.
La reforma establece un sistema de cobro directo por el servicio de basura a través de tasas definidas por cada municipio (artículo 140). Si bien esto podría significar ingresos adicionales para las alcaldías, también se teme que genere distorsiones tarifarias entre regiones y fomente un sistema de incentivos que priorice beneficios políticos inmediatos sobre la sostenibilidad a largo plazo.
Plantean que la creación de un fideicomiso centralizado para manejar los fondos y pagar a operadores privados (artículos 38-40) es otro punto crítico. Esta estructura podría convertirse en un mecanismo que perpetúe intereses particulares si no se garantiza una supervisión independiente. Y aquí nuevamente aparece la preocupación: en la ley vigente, el Ministerio de Hacienda tiene un rol que asegura cierto control sobre estos fondos públicos; pero en la reforma, esta función es minimizada, dejando el manejo financiero en manos de un fideicomiso donde predominan los intereses privados.
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Además, el pago de intereses por atrasos a estas empresas privadas representa una carga extra para los fondos públicos, asegurando a los actuales operadores un flujo constante y blindado de recursos, mientras se limita la entrada de nuevos actores al mercado.
Las modificaciones contemplan también medidas ambientales, como la prohibición de foam sin aditivos biodegradables (artículo 161), lo que, aunque positivo en principio, podría generar costos adicionales para ciertas empresas y beneficiar a otros actores que ya controlan alternativas biodegradables.
Finalmente reiteran que mientras el proyecto promete eficiencia y modernización, los críticos alertan que el verdadero efecto será la concentración del poder en pocas manos, el cierre del mercado a nuevos actores y la creación de dependencias financieras en los gobiernos locales. Una multimillonaria jugada que, más que resolver el problema de la basura, podría institucionalizarlo.
