Santo Domingo.– Antonio Estévez, de 58 años, permanece prófugo de la justicia dominicana, pese a existir una autorización judicial de arresto solicitada por el Ministerio Público, que lo investiga por presunta falsificación de documentos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa, en perjuicio de Luis Ernesto Yi García y Juan José Yi García.
La solicitud de arresto fue recibida de manera digital por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción el 10 de diciembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, mediante una instancia suscrita por el fiscal Hamlet Andrés Paulino.
Según el expediente, el proceso tuvo su origen en el Acta de Denuncia No. 13001-2025-009038, depositada el 29 de mayo de 2025. Posteriormente, el 2 de junio de 2025, fue presentada una querella con constitución en actor civil por parte de los denunciantes.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público incorporó el informe pericial D-0281-2025, de fecha 25 de agosto de 2025, el cual figura entre los elementos probatorios que sustentan la petición de arresto contra Estévez.
Recomendamos leer:Policía Nacional captura en Espaillat a prófugo buscado por homicidio cometido en La Caleta
Tras evaluar la solicitud, la jueza apoderada del caso determinó que la misma se enmarca dentro de la investigación desarrollada por el órgano acusador y consideró pertinente la emisión de la autorización de arresto contra el imputado.
Antonio Estévez es investigado por presunta violación a los artículos 147, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, vinculados a la falsificación y uso de documentos falsificados; los artículos 265 y 266, relativos a la asociación de malhechores; y el artículo 405, que tipifica el delito de estafa.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el paradero del hombre de 58 años, quien continúa siendo buscado para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.
No obstante, la existencia de una orden de arresto y el desarrollo de una investigación penal no constituyen una declaración de culpabilidad, siendo los tribunales los responsables de determinar su eventual responsabilidad conforme al debido proceso de ley.
