Las autoridades chilenas desarticularon este lunes la mayor operación de tráfico de drogas registrada en la historia del país al interceptar más de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina ocultas mediante impregnación química en 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia. El decomiso afectó simultáneamente a los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, los principales nodos de salida de mercancías del Pacífico chileno, e involucró 45 contenedores con madera aserrada y material tipo decking que presentaba entre un 10% y un 20% de sustancias ilícitas en su composición.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, describió el método como sofisticado: la droga —cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina y agentes adulterantes como cafeína, ecgonina metil éster y fenacetina— estaba incorporada en la estructura de la madera, invisible a simple vista y detectable solo mediante análisis de laboratorio. “Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo.
Ningún hallazgo fue al azar”, declaró Carrera. La verificación técnica corrió a cargo del Instituto de Salud Pública, con apoyo de binomios caninos y tecnología especializada de escáner. Los embarques estaban destinados a al menos quince países en Europa, Norteamérica y Oceanía, utilizando a Chile como plataforma de exportación bajo la apariencia de comercio forestal legal.
El operativo se enmarca en la estrategia denominada Foco Portuario, implementada por la Fiscalía en 2024 para reforzar los controles frente al crimen organizado transnacional. El fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó el valor del esfuerzo colectivo entre la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, la policía marítima y la Dirección Nacional de Aduanas. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el procedimiento como un hito y advirtió que el crimen organizado “no respeta fronteras, es más ágil y está mejor financiado”. La investigación tuvo derivaciones en Bolivia: el fiscal Carrera confirmó que la Fiscalía boliviana practicó detenciones a partir de los antecedentes compartidos por Chile en el marco de acuerdos de cooperación judicial vigentes.
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La magnitud del decomiso adquiere relieve al situarlo en contexto. Chile era considerado hasta hace pocos años principalmente un país de tránsito, no un nodo exportador relevante. Esa percepción empezó a cambiar con las advertencias de la DEA en 2018 y se profundizó con un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU que colocó a Chile junto a Colombia y Brasil como origen verificable de clorhidrato de cocaína enviado por vía marítima a Europa. La tendencia se aceleró desde 2023, cuando Naciones Unidas identificó los puertos chilenos como un pasadizo activo del crimen organizado. En marzo de 2026 ya se había interceptado en un cargamento de unos 68 toneladas de cocaína impregnada en madera boliviana.
Las autoridades estimaron que los cargamentos decomisados habrían generado ganancias ilícitas superiores a los 8.334 millones de dólares en el mercado europeo, equivalentes a unas 584 millones de dosis potenciales. La cifra ilustra la dimensión financiera del negocio que los carteles intentaron sostener bajo la fachada del comercio maderero: un esquema que requirió seis meses de inteligencia acumulada para ser desmantelado y que, por su escala y sofisticación técnica, abre interrogantes sobre la capacidad de los puertos del Pacífico sur para detectar métodos de ocultamiento que solo son visibles en el laboratorio.
