São Paulo.– El Congreso de Brasil suspendió una norma que garantizaba el acceso al aborto legal para niñas y adolescentes embarazadas como consecuencia de una violación, en una decisión que ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos en el país sudamericano.
La medida fue aprobada por el Senado brasileño luego de haber recibido previamente el respaldo de la Cámara de Diputados, dejando sin efecto una resolución emitida por el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda).
La normativa suspendida establecía mecanismos especiales de protección para menores víctimas de violencia sexual, incluyendo garantías de confidencialidad, asistencia jurídica gratuita, autonomía en la toma de decisiones y procedimientos destinados a evitar la revictimización durante los procesos médicos y judiciales.
Los sectores que respaldaron la suspensión argumentan que la resolución excedía las atribuciones del organismo que la emitió y abordaba aspectos que, a su juicio, deben ser definidos por el Poder Legislativo.
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Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la infancia han manifestado preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, al considerar que elimina garantías específicas de protección y acceso a servicios contemplados por la legislación vigente.
Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando representa un riesgo para la vida de la madre y en casos de anencefalia fetal. Fuera de estos supuestos, la interrupción del embarazo continúa penalizada.
La decisión se produce en medio de un intenso debate nacional sobre las políticas relacionadas con el aborto, tema que en los últimos años ha generado divisiones entre grupos conservadores, movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos.
Con la suspensión de la norma, el acceso al aborto legal en casos de violación continuará amparado por la legislación brasileña, aunque sin las directrices específicas que habían sido creadas para la atención y protección de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
