Santo Domingo. – En República Dominicana, donde el Estado reporta un aumento de un 300% en la inversión en salud mental y un presupuesto que supera los RD$150,968 millones en el sector salud para 2025, hay una realidad que no se refleja en los informes: personas en condiciones de vulnerabilidad permanecen durante días y semanas en las calles sin una intervención visible.
Debajo de elevados, en avenidas principales, en el Malecón y en sectores del Gran Santo Domingo, es frecuente observar hombres y mujeres viviendo en la vía pública con signos evidentes de deterioro físico y conductual. No se trata de casos aislados, sino de una presencia constante que forma parte del paisaje urbano.
El sistema de salud mental dominicano, encabezado por el Ministerio de Salud Pública y ejecutado a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), cuenta con más de mil profesionales entre psicólogos y psiquiatras, 16 Unidades de Intervención en Crisis y centros especializados como el Padre Billini y el RESIDE. Además, existen protocolos para la atención en calle, incluyendo la línea *462, que permite reportar estos casos para activar equipos de intervención.
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Sin embargo, la permanencia prolongada de estas personas en espacios públicos plantea dudas sobre la efectividad de esos mecanismos en la práctica.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 247 mil consultas en salud mental dentro del sistema público. A esto se suma la existencia de programas específicos, como Salud Escolar, con más de RD$588 millones asignados.
A pesar de estos avances, no existe información pública detallada que permita verificar con qué frecuencia se activan los protocolos de intervención en calle, cuántos casos reciben seguimiento o qué ocurre con las personas luego de ser evaluadas.
El Plan Estratégico de Salud Mental 2026–2030, elaborado por el propio Estado, reconoce a las personas sin hogar y sin apoyo familiar como una población prioritaria. El documento propone un modelo comunitario que permita atender a estos ciudadanos fuera del entorno hospitalario, así como ampliar centros de rehabilitación y fortalecer la red de apoyo social.
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No obstante, el plan no detalla protocolos operativos específicos para la intervención directa en la vía pública, ni establece mecanismos claros de captación y seguimiento continuo de estos casos.
