La Policía española desmanteló una red que presuntamente se dedicaba a facilitar el traslado a Francia de niños y adolescentes llegados en embarcaciones precarias a las Islas Canarias (Atlántico), que desaparecían de sus centros de acogida.
En la operación los agentes detuvieron a once personas en Lanzarote, Gran Canaria y Madrid.
Las investigaciones comenzaron tras denunciarse la desaparición de trece menores de un centro de acogida de Arrecife (Lanzarote) y de otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) entre noviembre de 2024 y mayo de este año, informó este jueves la Policía en un comunicado.
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De los once detenidos, nueve lo fueron en Lanzarote, uno en Madrid y otro en Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro de ellos ya ingresaron en prisión provisional.
La red desarticulada utilizaba rutas y contactos en Marruecos, Costa de Marfil y España para trasladar y documentar fraudulentamente a los menores con destino final en Francia.
En mayo 2025, los agentes interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores acompañados por un ciudadano mayor de edad de origen mauritano, que trataba de embarcar con ellos rumbo a Madrid.
Tras las primeras gestiones, se constató que los menores se encontraban bajo tutela de un centro de acogida y que su traslado se realizaba sin autorización ni documentación válida.
Por ello, se detuvo al adulto que los acompañaba y a una de las adolescentes, que resultó ser mayor de edad.
La red estaba «perfectamente organizada, con una clara distribución de funciones, con la finalidad de traficar con menores desde centros tutelados con destino a Francia», según la fuente.
Contaba con logística en Marruecos para el traslado y cruce de fronteras, contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada, y una infraestructura en España para acoger temporalmente a los menores y gestionar su paso a Francia, destino final previsto por los integrantes de la red, detalla la Policía.
En dos registros domiciliarios realizados en Lanzarote se intervinieron numerosos documentos, efectos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
La investigación continúa abierta para tratar de localizar y proteger a los menores desaparecidos y articular canales de cooperación policial internacional para esclarecer los hechos.
