El Gobierno español envió este martes al Parlamento una propuesta de reforma judicial que atribuye las investigaciones penales a los fiscales, y no a los jueces, como ocurre ahora.
El proyecto legislativo se propone sustituir a la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), retocada múltiples veces, e impide que partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercer la acusación particular, como sucede en estos momentos, además de modificar el estatuto del Ministerio Fiscal.
La norma, que genera polémica, define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos, y serán los fiscales quienes dirijan las indagaciones, como en la mayoría de países europeos.
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Hasta ahora son los jueces los encargados de la instrucción de las causas penales en España, pero esa función pasaría a la Fiscalía, de la que dependerá la policía judicial en tal caso.
La designación del fiscal será predeterminada internamente con un sistema objetivo, público, avalado por la Junta de Fiscalía y basada en el criterio principal de cualificación jurídica y especialización.
Pero asociaciones profesionales discrepan y piensan que no se asegura la independencia, autonomía e imparcialidad de los fiscales, dada su dependencia jerárquica.
'Juez de garantías'
Una nueva figura, el 'juez de garantías', velará por los derechos de las partes y tendrá control jurisdiccional de aspectos procesales como la duración de la investigación y el secreto de las actuaciones. También autorizará la prisión provisional de los investigados.
Finalizada esta fase, un segundo juez decidirá si se abre juicio oral; y un tercero juzgaría los hechos punibles.
Sobre los encausados, la norma regula sus derechos fundamentales y los principios de presunción de inocencia y de suficiencia de la prueba de cargo. La prisión provisional se revisará de oficio semestralmente.
El proyecto regula la acusación popular y delimita quién puede ejercerla. Deja fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos.
En estos momentos, algunos partidos están personados en procedimientos judiciales que afectan a adversarios políticos o su entorno por sospechas de corrupción o mala gestión administrativa. Y ciertas decisiones judiciales son cuestionadas duramente por una parte del poder político y de la prensa.
No obstante, fuentes del Ejecutivo informaron a EFE de que el objetivo es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2028, así que no afectaría a ningún procedimiento judicial en curso antes de esa fecha, si bien la legislatura actual terminaría en 2027.
La propuesta legislativa gubernamental cuenta con dictámenes consultivos favorables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, añadieron las fuentes.
En cualquier caso, el Ejecutivo español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, gobierna en minoría y tendrá que trabajar a fondo para convencer a otros grupos parlamentarios para que voten a favor de la ley. Este mismo lunes, el partido independentista Junts rompió con los socialistas y anunció que pasaba a la oposición.
Reforma del Ministerio Fiscal
El proyecto incluye una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para limitar el mandato del Fiscal General del Estado (FGE) a cinco años, así que ya no coincidirá con el gobierno que lo haya propuesto.
También se prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo le pueda remitir cualquier indicación sobre asuntos concretos.
El Fiscal General solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del CGPJ.
Todo ello tampoco afectaría al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos y cuyo mandato termina en 2027.
