Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que los funcionarios y particulares involucrados en casos de corrupción administrativa y lavado de activos podrían enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel, debido al cúmulo de sanciones que contempla el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
Durante una conferencia impartida en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Reynoso explicó que el nuevo marco legal endurece las penas para los delitos que afecten el patrimonio público, estableciendo castigos acumulativos cuando concurren varias infracciones.
“El Código Penal trae el cúmulo, y si aquí entra este delito en cúmulo con lavado de activos y entra en cúmulo con la figura de asociación de malhechores, puede llegar hasta 30 años”, señaló la procuradora.
Explicó que el cúmulo de penas se aplica cuando un imputado comete más de un delito vinculado al manejo irregular de fondos públicos, lo que agrava la sanción final.
“Porque hay cúmulo de pena: si usted cometió varios delitos, entra en cúmulo”, precisó Reynoso.
La procuradora recordó que el delito de corrupción será considerado autónomo bajo el nuevo Código Penal, lo que significa que cualquier acción dolosa que afecte al patrimonio público puede ser perseguida sin necesidad de que esté ligada a otro crimen.
“A partir de que entra en vigencia el Código, es un delito autónomo. De acuerdo al artículo 284, quien comete cualquier acción de manera dolosa que afecte al patrimonio público comete el delito de corrupción”, explicó.
Reynoso también resaltó que la corrupción es delito precedente del lavado de activos, lo que implica que, si se demuestra que una persona utilizó dinero ilícito proveniente de actos de corrupción para adquirir bienes o propiedades, se le puede imputar lavado de activos además del delito principal.
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La funcionaria recordó que, además de las penas privativas de libertad, los condenados por corrupción enfrentan multas equivalentes al doble de lo sustraído y inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas.
“El que comete ese delito jamás podrá trabajar en la administración pública”, enfatizó.
Reynoso concluyó afirmando que la República Dominicana cuenta hoy con uno de los sistemas más rigurosos de sanciones contra la corrupción en la región, y reiteró que el Ministerio Público “seguirá actuando con firmeza para proteger el patrimonio público”.
