Río de Janeiro.- Un grupo de víctimas de la violencia policial en Brasil exigió este martes que el gobernador de Río de Janeiro vete un proyecto de ley aprobado en septiembre por el Legislativo regional que le ofrece un premio financiero a los policías que maten a presuntos criminales en operativos.
La manifestación frente al Palacio de Guanabara, la sede del gobierno regional, reunió a unos 40 representantes de la organización no gubernamental Red de Atención a Afectados por la Violencia de Estado (Raave), en su mayoría mujeres cuyos hijos murieron en operaciones policiales.
"Paren de matarnos" y "Contra el exterminio de Estado" rezaban algunas de las pancartas de estas madres, que también exhibieron fotografías de sus hijos, en su gran mayoría escolares muertos en operaciones policiales y presentados como supuestos narcotraficantes.
"Necesitas hablar por nuestros hijos, que ya no tienen voz, para que otros jóvenes no sean asesinados por quien debería protegernos", dijo a EFE Priscilla Menezes, madre de un escolar de 13 años tiroteado en agosto de 2023 en una operación policial en Cidade de Deus, la famosa favela que inspiró la premiada película del mismo nombre.
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Esta madre relató que ya consiguió probar ante la Justicia que su hijo no estaba armado, luego de que la policía presentara una supuesta arma que estaría en su poder, y llevar ante el tribunal a cinco de los uniformados implicados en su asesinato.
"Si aprueban esa ley muchos otros jóvenes van a morir ejecutados por la policía", dijo.
Según Guilherme Pimentel, coordinador de la Raave, el único propósito de la manifestación fue pedirle al gobernador que vete el proyecto de ley para impedir que se repita la matanza ocurrida mientras rigió una iniciativa similar.
"Ese proyecto no es una novedad. Ya existió y fue responsable por muchas muertes y por llenarle el bolsillo a muchos policías que asesinaban", afirmó a EFE Pimentel.
El cuestionado proyecto de ley fue aprobado el 23 de septiembre por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y está en manos del gobernador regional, Cláudio Castro, para su respectiva sanción o veto.
Pese a que el proyecto se enmarca en una propuesta para reestructurar la Policía Civil, su ponente le introdujo un dispositivo que le garantiza una recompensa económica a los agentes de este cuerpo en casos de "incautación de armas de gran calibre" y "en situaciones que impliquen la neutralización (muerte) de criminales".
Este tipo de premio, conocido en la prensa como bonificación 'Lejano Oeste', funcionó en Río entre 1995 y 1998, cuando la propia Asamblea Legislativa decidió enterrarlo por haber promovido la violencia policial.
"Esa prima incita a disparar en vez de arrestar. El gobernador tiene que vetarla", aseguró Human Rigths Watch en un comunicado.
Esta organización de defensa de los derechos humanos recordó que en Río de Janeiro se registraron el año pasado 703 muertes en operaciones policiales, casi un promedio de dos por día, y que hasta agosto de este año ese número llegaba a 470, en un 86 % jóvenes negros.
Recordó igualmente que un estudio mostró que, de 1.200 autopsias realizadas en personas muertas en operaciones policiales entre 1996 y 1998, cuando fue suspendida la ley 'Lejano Oeste', en un 65 % de los casos las víctimas fueron tiroteadas por la espalda cuando huían.
