Santo Domingo.– El Ministerio Público (MP) acusó al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a sus coimputados de recurrir a tácticas dilatorias para retrasar el inicio del juicio en su contra, en el que se les procesa por supuestamente desfalcar al Estado con más de 6,000 millones de pesos durante su gestión en la Procuraduría General de la República (2016-2020).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), denunció que la defensa de los acusados volvió a provocar la suspensión de la audiencia, en esta ocasión alegando desconocer el auto de apertura a juicio emitido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que reincorpora al imputado Juan Azael Martínez al expediente.
“En el día de hoy, como siempre, el Ministerio Público estaba listo para la presentación de la acusación. No ha sido por responsabilidad nuestra que este proceso no haya iniciado. Más que un alegado derecho de defensa, lo que existe es una clara táctica dilatoria”,
expresó Ortiz.
La magistrada recordó que es la cuarta ocasión en que la audiencia se aplaza debido a incidentes planteados por las defensas. Enfatizó que la acusación contra los imputados se mantiene sobre los mismos hechos y pruebas presentadas desde el inicio del proceso.
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El caso es conocido por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y tiene como nueva fecha de audiencia el próximo 22 de septiembre.
Los imputados
Además de Jean Alain Rodríguez, en el expediente figuran Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, entre otros.
Los cargos en su contra incluyen corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El envío a juicio fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras establecer la existencia de múltiples actos de corrupción cometidos en la Procuraduría General durante la gestión de Rodríguez.
En total, la acusación abarca a 41 personas físicas y 22 empresas señaladas como parte de la red de corrupción.
