Santo Domingo. – Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal Dominicano, los funcionarios públicos deberán extremar el cuidado en el ejercicio de sus funciones, ya que podrían enfrentar severas sanciones que incluyen penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias.
La nueva normativa penal establece castigos más estrictos para delitos como: coalición de funcionarios, concusión, tramitación de contratos sin cumplir requisitos legales, cohecho (activo y pasivo), tráfico de influencias, malversación de fondos y obtención ilegal de beneficios económicos.
También sanciona el enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, alteración de precios, sobrevaluación ilegal, peculado, distracción de recursos mediante terceros con participación de funcionarios públicos y el pago irregular de contratos administrativos.
Según el artículo 285, que trata sobre la corrupción, en su párrafo II se establece que:
“Cuando la suma o los valores envueltos en la infracción superen los mil salarios mínimos del sector público, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de diez a veinte veces el monto involucrado, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de veinte a treinta años, contados a partir del cumplimiento de la condena.”
En los casos de concusión (cuando el funcionario exige, recibe u ordena el cobro de comisiones, contribuciones o fondos de manera ilegal) se aplicarán penas de 5 a 10 años de prisión mayor y multas de 10 a 20 veces el monto recibido.
Asimismo, quienes obtengan beneficios económicos ilegales mediante empresas u operaciones fraudulentas serán castigados con penas similares: entre 5 y 10 años de prisión y multas de 10 a 20 veces la suma percibida.
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Por su parte, aquellos que no puedan justificar el origen lícito de su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones o al cesar en el cargo, serán considerados autores de enriquecimiento ilícito y sancionados con entre 5 y 10 años de prisión mayor, y multas de 4 a 10 veces el valor no justificado.
El nuevo Código Penal aborda de forma contundente el combate a la corrupción, penalizando a los funcionarios y servidores públicos que, abusando de su posición, obtengan beneficios económicos para sí o para terceros, o utilicen bienes del Estado con fines personales.
