Santo Domingo.– La Junta de Vecinos de Isabel Villas denunció este sábado lo que calificaron como una campaña de “acoso judicial” encabezada por un grupo que, según afirman, busca controlar ilegítimamente la directiva de la comunidad. Los representantes también defendieron la gestión del fiscal destituido Gerinaldo Contreras, a quien consideran víctima de represalias por haber enfrentado a ese mismo grupo en el pasado.
Juan Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos, expresó que la comunidad no enfrenta actualmente conflictos internos, pero han decidido alzar la voz ante lo que consideran una injusticia. “Nos preocupa profundamente la destitución del fiscal Contreras. Fue un funcionario que defendió los intereses de las comunidades de Cristo Rey, La Agustina y también de Isabel Villas. Exigimos una investigación transparente sobre las razones de su destitución”, declaró.
Rodríguez recordó que hace dos años, el fiscal Contreras intervino en un momento crítico para la comunidad, cuando un grupo, presuntamente liderado por Rodolfo Minaya Rancier, intentó tomar el control de la Junta mediante acciones judiciales irregulares. “Él fue de los pocos que enfrentó esa situación con firmeza, y por eso creemos que hoy está pagando un precio”, agregó.
Por su parte, Guillermo Garrido, miembro de la Junta, denunció que hasta este momento varios residentes están siendo demandados penal y civilmente, como parte de una estrategia para intimidar a quienes buscan participar en la vida comunitaria. “Más de 30 vecinos han sido demandados sin fundamento, incluyendo figuras como Karina Larrauri y la regidora Nery Martínez. Las demandas son absurdas, se han caído en todos los tribunales, pero consumen tiempo, dinero y salud mental”, afirmó.
Garrido relató su propia experiencia, al ser objeto junto a su esposa de una denuncia penal que calificó como fabricada. “Nos acusaron falsamente de intento de homicidio e incendio, simplemente por preguntar en la oficina sobre unos documentos desaparecidos. Fue el fiscal Gerinaldo quien nos evitó el arresto en ese momento”, explicó.
Los dirigentes vecinales sostienen que detrás de estas acciones habría un interés económico. Aseguran que Minaya Rancier, quien reside fuera del país, ha alegado poseer más de 450 títulos de propiedad a su favor en el residencial, cifra que supera por mucho los datos oficiales. “Aquí hay cerca de 390 solares, según el catastro. El resto, ¿dónde está? ¿En el campo de golf? ¿En las áreas verdes?”, cuestionaron.
La Junta también recordó que, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, lograron que el área verde del residencial (originalmente administrada por el desarrollador) pasara a manos comunitarias. “Ese campo de golf es público y lo gestiona la Junta. Pero este grupo, cuando tomó el control en 2021 con un administrador judicial, lo cerró de inmediato. Ahí se revelaron sus verdaderas intenciones”, detallaron.
Los vecinos insistieron en que el residencial vive hoy en paz, pero bajo la amenaza constante de nuevas demandas. A pesar del desgaste emocional y económico que esto implica, reiteraron su compromiso con la legalidad y la defensa del bienestar comunitario.
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“Lo que le pasó al fiscal Gerinaldo puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Por eso estamos alertas, y por eso pedimos a la Procuraduría General de la República que reevalúe esta destitución y que investigue más a fondo a quienes han manipulado la justicia para intereses personales”, concluyó Rodríguez.
La comunicadora Karina Larrauri, advirtió que las autoridades del Ministerio Público serían responsables de cualquier situación lamentable que pueda ocurrir, al ignorar por años las denuncias. “El sistema no protege a quienes defienden lo correcto, los castiga”, sentenció.
Larrauri destacó el papel del fiscal Gerinaldo Contreras, a quien definió como uno de los pocos funcionarios que no se vendió ante las presiones del poder. Considera que su destitución fue una represalia por no ceder ante intereses ocultos que buscan controlar el residencial. “Nos han dejado solos. A los que defienden la legalidad los callan con demandas o los sacan del camino”, afirmó, tras recordar que más de 20 vecinos han enfrentado procesos judiciales solo por intentar preservar la integridad de su comunidad.
