Los hermanos Espaillat son imputados de cometer homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las personas que se encontraban en el club nocturno la noche del 8 de abril.
Santo Domingo.- En el marco del conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, por el trágico colapso del techo del Jet Set Club, que dejó más de 230 fallecidos y más de 180 heridos, la fiscalía tiene el plazo hasta las 2:00p.m. de hoy para establecer la imposición de las medidas imputadas.
Dichas medidas presentadas por el Ministerio Público consisten en 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat, incluyendo impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica. Las razones se fundamentan en pruebas documentales, testimoniales y materiales que, de acuerdo con el expediente, vinculan a los imputados en la toma de decisiones administrativas que dieron paso a la tragedia.
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En cuanto a Antonio Espaillat, la fiscalía lo señala como principal responsable administrativo y financiero del club nocturno, argumentando su solicitud en que este presenta peligro de fuga, posible interferencia y destrucción de pruebas relevantes para la investigación, solicitando prisión preventiva consistente en 18 meses.
Entre las acciones claves atribuidas a Maribel Espaillat, el Ministerio Público destaca la obstrucción de la investigación, por realizar acciones con intención de impedir que las informaciones respecto al historial de anomalías salieran a la luz.
De acuerdo con el expediente, se produjo un encuentro el 14 de abril, entre Maribel Espaillat y Gregorio Adames, ex empleado. En dicho encuentro, Maribel cuestionó a Adames de lo que sabía del local advirtiéndole que cualquier declaración comprometedora podría acarrearle una condena de 20 años a su hermano.
La fiscalía ha solicitado que el caso sea declarado complejo, conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, argumentando la cantidad de víctimas, la pluralidad de hechos, y la necesidad de garantizar el buen desarrollo de una investigación que se extiende por múltiples frentes técnicos, administrativos y penales.
