Montecristi.– La señora Saily Sánchez, en representación de la familia Sánchez Cabrera (conocida como “Los Popas”) denunció este lunes en De Último Minuto, una violenta invasión ocurrida en sus terrenos, ubicados en Montecristi, por parte de un grupo armado dirigido por el abogado Ángel Rodríguez y el señor Credy Peña. La propiedad, que según los denunciantes lleva más de 95 años en posesión familiar, fue ocupada por más de 60 hombres encapuchados y armados el pasado febrero, según testimonio directo de la afectada.
“Yo le pido al presidente Luis Abinader y a la procuradora Jenny Berenice que no esperen una tragedia. Entraron disparando, hirieron animales, agredieron a familiares y hasta el día de hoy seguimos desprotegidos, a pesar de tener una sentencia a nuestro favor y los planos legales del terreno”, declaró Sánchez.
La situación escaló aún más el 25 de mayo, cuando Saily Sánchez, su hermana y su hijo de seis meses fueron interceptados por hombres armados, quienes los obligaron a desmontarse de su vehículo bajo amenazas y dispararon en su contra. “Gracias a Dios estoy viva, pero fui herida en la espalda. No es justo que una madre y un bebé pasen por eso solo por querer visitar su hogar”, denunció entre lágrimas.
El caso ha sido formalmente judicializado, y según consta en la Orden Judicial RAJ-2025-02483, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi, se ordenó el arresto de Ángel Rodríguez Cabreja, Rafelito (a) Papano, Greiydy Luz Peña Grullón y Yimi Silvestre por violación a los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano, tras comprobarse que penetraron armados a la propiedad, realizaron más de 200 disparos y violentaron la cerca perimetral.
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A pesar de la existencia de esta orden judicial, los familiares aseguran que las autoridades no han actuado con la debida contundencia. “Hemos ido a Fiscalía, al Ministerio de la Mujer, a la Policía… y nada. ¿Qué más necesitan? ¿Van a esperar que maten a alguien?”, cuestionó Saily Sánchez.
La familia exige que se respeten los derechos de propiedad legítimamente adquiridos, se garantice su seguridad y se haga cumplir la ley. “No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo justicia. La tierra tiene dueño y no puede ser tomada por la fuerza, menos con violencia y armas largas en plena comunidad”, sentenció.
